Domingo, 03 de mayo de 2009
Las rentas sociales condicionadas carecen de eficacia real para posibilitar la superación de la situación de desempleo o exclusión de sus destinatarios

 

 
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha propuesto recientemente un pacto entre las administraciones, central, autonómicas y locales, con el fin de garantizar un ingreso mínimo de subsistencia a las personas en paro a las que se les agote la prestación por desempleo y carezcan de cualquier tipo de rentas, mediante la instauración de “una renta de protección social temporal relacionada  con la formación y el empleo”.
Asimismo, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid también pretende plantear una renta de protección social ligada a la formación laboral, por un plazo de seis meses y por importe del salario mínimo profesional, a aquellas personas sin empleo y sin ingresos, bien porque se les haya agotado la prestación o porque no hayan generado el derecho a percibir la misma,
 
Por el contrario generan situaciones discriminatorias, ya que los empleos que se ofrecen a sus beneficiarios son de baja remuneración o por corto tiempo y, generalmente, pertenecen al sector público, por lo que ayudan a crear una discriminatoria “segunda división” dentro del mercado de trabajo.
Por otra parte, parten de un concepto parcial de “trabajo” al subordinarse exclusivamente al desempeño de un trabajo remunerado, no a la realización de otras formas de trabajo socialmente útiles como el trabajo voluntario, el doméstico o los cuidados a otros.
En cuanto a la solución de la exclusión social se han demostrado ineficaces ante  el previsible incremento en el futuro inmediato de los factores que conducen a la desigualdad social, como la alta tasa de desempleo y el consiguiente empobrecimiento y a que son programas con una cobertura parcial, que no llegan a la totalidad de la población en situación de necesidad.
Asimismo, estigmatizan a sus perceptores, que suelen ser parados de larga duración, que llevan bastante tiempo fuera del mercado laboral y que, generalmente, van a ser descartados por los empleadores  si concurren por un puesto de trabajo con desocupados más recientes
Como todos los subsidios condicionados contemplan prestaciones monetarias que no son acumulables con rentas salariales por lo que no estimulan la aceptación de posibles ofertas de trabajo de baja remuneración, a tiempo parcial o de corta duración, porque se perdería el ingreso “fijo” que supone el subsidio y, paralelamente, fomentan la economía sumergida y el fraude fiscal a pequeña escala  al favorecer que para no perder la prestación monetaria se trabaje de forma “alegal”.
Frente a estos programas de ayudas condicionadas, la instauración de una renta básica universal como derecho de ciudadanía, además del ahorro en los costes administrativos que aquellos implican, evitaría las trampas del paro y la pobreza, al ser compatible con la percepción de cualquier renta, suponiendo, incluso, un incentivo para desarrollar determinados tipos de trabajos y cierto reparto del empleo, ya que facilitaría a muchas personas el trabajo a tiempo parcial,
  
La Renta Básica conllevaría, en última instancia, que no se tenga que recluir a nadie en empleos artificiales o de escasa calidad, como hacen las medidas workfaristas, y que el hecho que alguien no acepte un trabajo de esas características no le prive de su derecho a percibir una renta suficiente para vivir dignamente.
En cuanto a la exclusión social, la Renta Básica, por su carácter de derecho ciudadano universal, equiparable al sufragio, no tiene el menor déficit de cobertura al abarcar al conjunto de la ciudadanía, garantizando su derecho a la existencia, especialmente a los sectores más vulnerables.
Y no son de recibo las alegaciones de la inviabilidad de una Renta Básica por los altos costes de su financiación. Numerosos estudios y simulaciones demuestran como puede financiarse una Renta Básica. Obviamente, como tal medida económica que es, su instauración implica tomar una determinada opción política y social, precisamente la contraria a la que se ha adoptado en la presente crisis económica y financiera cuando se han inyectado más  de 150.000 millones de euros a los bancos, lo que supone más de un 15 % del PIB.
 
En todo caso, la instauración de una renta básica implicaría una necesaria efectividad de la imposición sobre todo tipo de rentas, poniendo fin tanto al discriminatorio tratamiento de las rentas de carácter salarial, como a las excesivas permisividades ante el fraude fiscal, que nos distancian de converger con la correspondiente media europea.
Por último, ante a las posibles objeciones a la Renta Básica basadas en la reciprocidad, en la que tanto insisten los partidarios de los programas de workfare o ayudas condicionadas al trabajo y en la que se basan para imponer a los desempleados la aceptación de cualquier empleo con la amenaza de perder los subsidios, creemos que no es aceptable que a los más desfavorecidos se les impongan controles y condiciones que no se les imponen a los más afortunados.
Y lo que nunca puede tener sentido es condicionar ese derecho fundamental a una vida digna a que se consiga “tener empleo”, cuando según la última EPA, entre más de 45 millones de personas, no llega ni a 16 millones la cifra de quienes logran ser asalariadas hoy, ni pasa de 19 millones el total de las que pudieron ser "ocupadas" en cualquier modo por el mercado laboral "aunque fuera una hora sólo durante la semana
El derecho a un mínimo de subsistencia debe ser un derecho incondicional, no sujeto a ninguna reciprocidad, la perspectiva contraria, en palabras de Philippe Van Parijs “no es muy atractiva para nadie que crea que el igualitarismo  puede y debe ir de la mano con la emancipación, y no con el liberticidio de los pobres.”
 
Madrid, 30 de abril de 2009.
 
Noticias relacionadas: El Observatorio de Renta Básica de Attac Madrid nos informa de la creación en el Congreso de los Diputados de una Subcomisión de Estudio de la Renta Básica; F1.pdf
 

Observatorio de Renta Básica de Attac Madrid


Publicado por a333 @ 10:02  | renta b?sica
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