Según estadística de la Unión Europea, tenemos en este Reino de España hoy mismo más de 9 millones de personas viviendo con alguna renta correspondiente a situaciones oficialmente considerados para nuestra sociedad de pobreza relativa. Su reparto es muy desigual tanto por regiones o CC.AA. como dependiendo del tipo de hogares y unidades de convivencia: peor entre familias monoparentales u otras circunstancias, agravantes, como la inmigración ‘sin papeles’ con ‘ocupaciones basura’, paro y subempleos o pensiones mínimas de jubilación e invalideces, por ejemplo. En general, entre nosotros ahora se ven afectadas 1 de cada 5 personas adultas (algunos menos hombres y un poco más de las mujeres), si bien la incidencia asciende a 1 de cada 4 para los niños y en su ‘tercera edad’ hasta ya casi 1 de cada 3 conciudadanos mayores han llegado a ser pobres…

Aunque raramente se haya dicho, los porcentajes de las pobrezas relativas “antes de toda intervención redistributiva por el Estado del Bienestar” –según Eurostat- son análogos de partida tanto en España como, de media, para la restante UE-27 ampliada. Pero lo que, luego, el Estado español logra salvar con transferencia social del Gasto Público es manifiestamente inferior a una mitad de lo por dicha Unión Europea promediado sobre sus tasas totales.

La propuesta de una Renta Básica —en adelante RB— se define como un ingreso pagado a cada miembro pleno de la sociedad por el Estado, pero sin exigirle ninguna contrapartida a cambio, es decir: a) incluso si ‘no quisiere’ trabajar, b) sin tener en cuenta si es rico o pobre, c) no importando con quienes viva, y d) con independencia de la parte del país en donde resida. Es decir, un ingreso incondicional que entra en abierta contradicción con los cánones del sacrosanto código del trabajo que, durante la segunda mitad del siglo XX, ha informado las reglas del contrato social vigentes entre los países más industrializados del Norte rico del planeta. De ahí que, a primera vista, la propuesta levante suspicacias en distintos sectores del espectro político.

Las críticas a la Renta Básica

Un rápido inventario de las críticas a la RB ha de comenzar por esa objeción, más truculenta que realista, que plantean los que suponen que con un ingreso mínimo garantizado nadie trabajaría. Así, la patronal, sus partidos y medios de comunicación, se oponen a toda RB por “temor –dicen- a que con ella pudiera propiciarse una huida en masa del trabajo asalariado”… Y, en el extremo opuesto, a quienes persiguen la justicia social desde perspectiva genérica de las izquierdas, les resulta difícil digerir ideas de que una RB se pague también a los ricos, sumando ese ingreso adicional (nimio) sobre riqueza que ya tienen.

Por su parte, los exigentes con los principios generales de justicia objetan que otorgar un derecho “sin contrapartidas” violaría el principio de reciprocidad, por lo que rechazan de plano la RB con una lapidaria sentencia: nada a cambio de nada… No faltan quienes muestran su temor al hipotético “efecto llamada” que podría suscitar una implantación de RB en un (solo) país, provocando aluviones con inmigrantes desde todos los puntos del planeta… Y, por último, los partidarios de las cuentas bien hechas se preguntan por vías para financiar la medida.

A estas alturas, todas las objeciones éticas, normativas y económicas a ingresos de tal tipo han sido ya más que satisfactoriamente resueltas con el transcurso de amplísimas controversias celebradas por ámbitos de la filosofía política.

Por cuanto a exclusión social, dado su carácter de derecho ciudadano universal y equiparable a los del sufragio, una Renta Básica no tendría el menor déficit en coberturas al abarcarse todas las ciudadanías como conjunto garantizándoseles el derecho a la existencia, especialmente para los sectores más vulnerables.

Tampoco son de recibo las alegaciones sobre inviabilidad para una Renta Básica por los altos costes de su financiación. Ya numerosos estudios y simulaciones [**] nos mostraron cómo pueden financiarse Rentas Básicas hoy y aquí. Obviamente, como medida económica, su instauración implicaría tomar una determinada opción política y social; precisamente la contraria a esas que se adoptaban en la presente crisis económica y financiera cuando han podido ya inyectarse a los bancos más de 150.000 millones de euros, lo que supone hasta un 15 % del PIB.

Renta Básica y fiscalidad

Para cualesquier casos, instaurar la Renta básica implicará la necesaria efectividad de una imposición sobre todo tipo de renta, poniendo fin tanto al tratamiento discriminatorio ante la de carácter salarial como a excesivas permisividades frente a los fraudes fiscales, que hoy nos distancian de converger con las medias europeas correspondientes: como recordaron Técnicos Fiscales del Ministerio asociados en Gestha, si tan sólo se cobraran efectivamente los actuales impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social que son evadidos por el más de 23% del PIB en la economía sumergida para España, nuestras Haciendas públicas podrían financiar otros 90.000 millones anuales; y si, al menos, redujésemos el fraude a una tasa de la mitad (como es ya el promedio en la UE), contaríamos con 45.000 millones de euros adicionales manteniéndose intocadas las normas fiscales.

Además, esto sucede aquí pese a tener una presión fiscal conjunta respecto al PIB por debajo de las medias en la UE y de Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Noruega, Suecia, Países Bajos o el Reino Unido.

Así nuestro IRPF se acaba configurando dualmente, como un impuesto ‘progresivo’ (con tipos de 24% al 43%) basado en las rentas del trabajo y otro –menor- ‘proporcional’ (para tipo único de 18%) sobre plusvalías personales de capital, siempre que no se hallen acogidas a tributar (¡el 1%!) por SICAV… A eso se sumaría una supresión el pasado año del Impuesto de Patrimonio que, desde hace 31 años, venía gravándoles en exclusiva sus mayores propiedades a tan sólo menos del 10% de nuestros contribuyentes. Y en cuanto al Impuesto de Sociedades, según informes de AEAT, el tipo real o efectivo pagado como media tras aplicarse diferentes desgravaciones en 2008 no llegó ni a 20%.

En definitiva, lo que se propone supondría el garantizar a todos un balance neto resultante al darles ciertas prestaciones universales e incondicionadas, mínimas y garantizadas; a la vez de hacerles pagar –también a todos…- aquella “cuota fiscal” que corresponda por algún prorrateo, progresivamente proporcional a sus posibilidades respectivas, para sostenimiento del Estado de Bienestar colectivo.

La Renta Básica, las ayudas finalistas y los subsidios condicionados

Esa es la única manera precisa de lograr que con certeza queden cubiertos esos más necesitados a quienes siempre se les viene dejando fuera en todas las pretendidas ‘ayudas finalistas pero no universalizadas’ que hasta este momento son paradigma de nuestra infructuosa protección social; por poner solo algún ejemplo: los “421 euros del paro” están aprobados para desempleados que hayan agotado la prestación contributiva en este año, pero dejan excluido de su percepción a quien lleve sin lograr ningún ingreso laboral ni de la Seguridad Social desde antes; aquellos “400 euros del I.R.P.F…” se pagaron a unos 12 millones de contribuyentes nada más, según datos de Hacienda; o el anuncio de que “van a subirse las pensiones mínimas hasta un 4%” significa que a quien ya cobra hoy una del SOVI seguirán todavía pagándole algo menos de los 385 euros/mes, como su Jubilación, en 2010.

Ante posibles objeciones a la Renta Básica basadas en la reciprocidad, con las que tanto insisten partidarios de unos programas o ayudas del ‘workfare’ condicionado al trabajo y en lo que se basan para imponer a “desempleados” su aceptación de cualquier contrato bajo amenaza de perder todo el subsidio, creemos que no es aceptable que a los más desfavorecidos se les impongan controles o condiciones con más rigor del que nunca se aplica sobre otros mejor afortunados.

Y lo que jamás podría tener ningún sentido es condicionar ese derecho fundamental a una vida digna al que se consiga “tener empleo” (cuando según últimas E.P.A, entre más de 45’7 millones de personas, no llega ni a 15’5 millones la cifra de quienes logran ser asalariadas hoy; ni pasa de 18’6 millones el total con las que pudieron ser ‘ocupadas’, en cualquier modo, por el mercado laboral “aunque fuera una hora solamente, durante la semana&rdquo… Todo derecho a -un mínimo de- subsistencia debe ser incondicional, no sujeto a ninguna ‘reciprocidad’; otra perspectiva contraria, en las palabras de Philippe Van Parijs desde la Universidad de Lovaina, “no es muy atractiva para nadie que crea que el igualitarismo puede y debe ir de la mano con emancipación; más que al liberticidio de los pobres.”

Por otra parte, frente a la insuficiencia de los programas asistenciales de ayudas condicionadas o con cobertura parcial como ese subsidio del desempleo extendido más recientemente por el Gobierno, la instauración de una renta básica universal como derecho de ciudadanía, además del ahorro en los costes administrativos que aquellos implican, evitaría las ‘trampas del paro y de pobreza’ por ser compatible con la percepción de algún otro ingreso; suponiendo incluso un incentivo para desarrollar determinados tipos de trabajos y cierto reparto en el empleo, pues a muchas personas les facilitaría un Trabajo Fijo a Tiempo Parcial, modalidad de contratación que, a pesar de nuestro elevado porcentaje de paro, hasta la fecha no llega al 8%, mientras en Holanda (donde casi no hay desempleo ni aún en crisis) alcanza cerca del 50%.

Pero la realidad es que, a pesar de tantas contundencias en esta refutación de las objeciones a una RB, sus opositores más furibundos —que generalmente escriben a sueldo de los poderes económicos— utilizan la caricatura del “surfista de Malibú”. Es decir, ese hipotético individuo que con alguna renta mínima utilizaría su libertad para vivir, sin hacer otra cosa que disfrutar de olas en tabla de surf.

Esgrimir ese argumento del surfista es un ejercicio de cinismo o cuando menos de inconsciencia moral, desde momentos en que lo que más abundan hoy entre nosotros no son precisamente hordas de felices holgazanes. La descripción real de nuestra sociedad pone de relieve una existencia para grandes capas de trabajadores (cualificados, o no) pero con su salario y las condiciones laborales precarios; jóvenes excluidos de unos empleos estables; esposas dependientes; padres que trabajan a doble turno y, sobre todo, para legiones de personas desempleadas durante períodos de larga –o larguísima…- duración.

Sin embargo, esas críticas a la RB se desvanecen desde el momento en que nos tomemos la molestia de no discutir sobre surfistas, sino considerar una situación real de tres importantes sectores en esta sociedad a los que se podría aplicar ya mañana mismo ‘su RB’ sin suscitar ninguna de las objeciones antes apuntadas.

a. Mayores de 60 años sin derecho a pensión.

Aunque la modalidad de pensiones no contributivas cubra en teoría a toda persona que no haya cotizado a efectos de la jubilación ordinaria, en realidad no es aplicable a cónyuges (mujeres por lo general) de los jubilados con derecho a pensión normal. Esto, en el caso de matrimonios o parejas de hecho donde sólo uno de sus miembros obtiene pensión, y aun ésta por su cuantía mínima, significa en la práctica condenarlos a situación de pobreza legal y realmente decretada.

En 2009, la pensión mínima para jubilado de hasta 64 años con cónyuge a cargo está fijada en 651’63 euros mensuales. Habida cuenta de que con ese dinero debe mantenerse un hogar de dos personas, la renta per cápita en cada una de ellas es de 325’81 euros. Es decir, una renta situada por debajo del ‘umbral de la pobreza’ (según el INE, hoy: 600’3 euros). Situación moralmente inaceptable, se mire por donde se mire, por lo que la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía, como derecho individual de toda persona mayor con 60 años, puede ser asumida sin temor a suscitar las sospechas por estar favoreciéndose holgazanerías ni ese “surfing” improductivo.

b. Desempleados de larga duración perceptores del subsidio.

Un mínimo decoro moral debería hacer que tampoco nadie cayera en la tentación de tachar como vividores a esas personas que, al llegar a su madurez después de haber entregado toda una vida de trabajo a la sociedad, se quedan en situaciones del irremisible paro… Si alguna violación del principio de reciprocidad existe los perjudicados son esos ciudadanos que no sólo no ven recompensado su esfuerzo sino que, para más inri, les condenan a vivir encadenados del “subsidio a mayor de 52 años”; prestación que, como es sabido, constituye callejón sin salida.

Toda trampa para inactividades (“trampas del desempleo y de la pobreza&rdquo se refiere tanto a la posibilidad, como al hecho cierto, de que alguna persona que recibe ayuda sujeta a test de recursos quede atrapada por propia condicionalidad en su prestación. Trampas de pobreza se generan a partir de unas ‘rentas mínimas’ que los Servicios Sociales conceden en ciertos casos por pobreza severa mostrada bajo el oportuno ”test de recursos”, pues están sujetas a la condición de no tener ningún acceso a otras fuentes de ingresos.

Si a una persona en estas circunstancias le ofrecieren oportunidades de desarrollar actividad laboral escasamente remunerada pero que permitiera complementar su ingreso, se enfrentaría con un grave dilema: por un lado, si acepta el trabajo perderá la ayuda sin conseguir salir del estado de pobreza; mientras que, por otro lado, si no aceptase tal trabajo sí mantendría la ayuda, con lo que tampoco conseguirá ‘salir de pobre’, dado que las cuantías para estas prestaciones son lo suficientemente bajas como para mantener al individuo por debajo del umbral de pobreza.

De manera similar opera la trampa del desempleo que acecha a los perceptores del Subsidio por desempleo para mayores de 52 años; dado que también este subsidio está sujeto a la condición de que la persona que lo percibe no pueda efectuar ninguna modalidad de trabajo remunerado, se desincentiva la búsqueda de un empleo cuya remuneración no sea bastante superior a la del mismo…

Y como señala el mentado Philippe van Parijs: “Estudios de campo han señalado cómo lo que hace que muchos excluidos no acepten un empleo o no lo busquen más activamente, a menudo no es tanto la ausencia de una diferencia entre los ingresos obtenidos del trabajo y los que ya se obtienen sin trabajar, como el temor a perder dicha relativa seguridad por un flujo regular de beneficios, en aras de la incertidumbre con un empleo que puede pagar tarde o resultar demasiado exigente. Y esto porque ese riesgo de un período sin ningún ingreso es algo que los hogares en el límite de la solvencia no pueden permitirse responsablemente”.

Parece, pues, que sería –razonablemente- posible abrir esta trampa y liberar a las personas atrapadas en ella a través de algún Ingreso mínimo incondicional, no sujeto a la condición del trabajar pero tampoco a prohibiciones de hacerlo, con lo que se reemplazaría el formato actual del Subsidio.

c. Niños menores de 3 años.

Desde 2003 un gobierno del PP concedió a las madres empleadas por cuenta ajena su paga de 100 euros mensuales, con forma de bonificación fiscal, para cada hijo situado en esa franja de las primeras edades. El posterior gobierno del PSOE añadió al inicio de la presente legislatura su ayuda –del nuevo “cheque bebé”- con 2.500 euros por nacimiento, pero reconociéndole a ésta plena universalidad, ya incondicional…

Se trataría de universalizar aquí –como alguna ‘RB parcial’- dicha prestación del “cheque mamá” (hasta los 3.600 euros, acumulados durante 3 años) y poner fin a esa discriminación que sufren por excluidos aquellos hijos cuyas madres carecen de ocupaciones como asalariadas, lo cual no significa que nada trabajen; algo que parece una obviedad a estas alturas.

Unos costes perfectamente asumibles

El número de mujeres subvencionadas por esos “100 euros” mensuales como consecuencia de lo aprobado hace dos legislaturas para madres trabajadoras con hijo menor de 3 años —aunque sólo cuando además tengan una “ocupación en el mercado de trabajo”— ha venido oscilando, según las muy volátiles condiciones de precariedad generalizada dominantes sobre contrato laboral en la actualidad, hasta alcanzar totales máximos algo por encima de los 400.000 durante cada uno de los últimos años… Sin embargo, tal cifra no representaría nada más que un tercio aproximado del total de niños comprendidos en ese primer tramo de edades, entre 0 y 2 años cumplidos. Por ello, la extensión de dichos cobros ya garantizados para todo hijo menor de una madre con sueldo debería generalizarse a los restantes casos en iguales edades —incluyendo también aquéllos de los que cualesquier progenitores A o/y B, sin distinción alguna de géneros, pudieran hallarse en peor situación económica como personas desempleadas e incluso faltarles por unos u otros motivos— cabe valorarla en solo un importe total levemente inferior a los 1.000 millones.

A comienzos del presente año 2009, el número de perceptores de las pensiones mínimas fijadas para todos los “jubilados con un cónyuge a cargo” ascendió a muy poco más de 295.000, y cobraban sendas cuantías algo diferentes dependiendo de si la edad en sus titulares era —o no, aún— mayor ya de 65 años. Los montantes del “Complemento” que —añadido a cuanto tendrían ya como alguna prestación mínima en caso de que fueran solteros, separados, divorciados o viudos…— reciben por su pareja quedan, para todos, debajo de los 160 euros. Y, como media, la diferencia respecto al igualar dichas bases de jubilaciones individuales viene situándose en unos 390 euros por cada paga. Así pues, la partida para homologar a todos esos miembros de cuantas parejas reciben las mínimas pensiones de jubilación, ahora establecidas debajo del umbral oficialmente reconocido de “pobreza”, sin más discriminaciones contra “cónyuges a cargo” —muy mayoritariamente femeninos— frente a los definidos como únicos titulares del derecho en la actualidad… se cifra mediante presupuesto no superior a 1.500 millones de euros.

Con independencia de a cuántos ciudadanos pudieren alcanzar estos capítulos de nuestra propuesta respecto a los mayores de 52 años que –tras su expulsión como “parados de (muy) larga duración”- ya se reconocen excluidos hoy definitivamente por el mercado laboral, la correspondiente medida planteada para liberarles al menos de un estigma añadido actual que supone ‘trampa del paro’ tiene costes directos para la Hacienda pública que obviamente resultarían nulos. La aplicación de una RB a ese sector de subsidiados no habrá de suponer ningún coste adicional, pues se emplearían las mismas partidas presupuestarias que actualmente ya se dedican a sufragar Subsidios… El cambio aquí no es monetario sino de mentalidad, pues parece absurdo que a una persona que ha ya sido expulsada de los mercados del trabajo —y existen suficientes convencimientos de ser harto “improbable” que pudiese regresar en condiciones de un empleo digno— se la castigue, negándole posibilidades de complementar ese ingreso mínimo con algún otro trabajo ocasional siempre que lo añadido no supere límites cuyo control puede técnicamente hacerse a través de formato similar al del ‘Impuesto Negativo’.

En consecuencia, los recursos presupuestarios que son precisos para llevar a cabo estas alternativas totalizarían 0’2% del PIB aprox, o sea, unos 2.500 millones de euros. No es tampoco una propuesta descabellada: el ‘plan E’ que aun estamos pagando importa más de 8.000 millones; un ‘Superávit’ de la Seguridad Social en últimos cierres del ejercicio recién pasado ha quedado todavía sobre 14.000 millones; y los montantes totales que la Memoria Tributaria contabilizó por ‘Rebajas fiscales’ de sólo hace doce meses estaban encima de otros 19.000 millones; mas todo ello se hizo, ya, sin declarar que hubiera de subirse para nada ningún impuesto…

En el Observatorio de la Renta Básica de Attac Madrid hemos llegado a la conclusión de que –sin renunciar a las universalidades de la RB- es posible iniciar ya una implantación gradual de la misma, comenzándose por lo más urgente. A estos 3 sectores mencionados les podremos pagar perfectamente con las formas indicadas, no precisándose de nueva presión impositiva ni más endeudamientos públicos. Y sería el primer paso en la aplicación de Renta Básica de Ciudadanía con la que se puede garantizar el derecho a la existencia de toda la gente.

Según el último anuario del Eurostat, y tras haber retrocedido varias posiciones desde hace diez años: España tan solo era ya el 17º entre todos los Estados europeos ordenados por sus ‘gastos de protección social per capita’ totales (con unos 10’7 euros/día, frente a otros 16’2 promedios en la UE); por ejemplo, cuando dedicamos a pensiones únicamente 9% del PIB para gasto público, como República Checa, Malta o Luxemburgo; en Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Hungría y Reino Unido destinaban del 10 % al 11%; Grecia, Holanda, Polonia, Suecia, Alemania, el promedio de la UE o Suiza entre 12% y 13%; Austria, Francia y Portugal del 13% al 14%, e Italia cerca de un 15 %.

Frente a precariedad establecida por un neoliberalismo cuya obsesión es “liberalizar” las mercancías, “otras prioridades de acción social” se deberán orientar hacia liberar unas personas atrapadas en las indeseables trampas de la pobreza y del desempleo. De los ricos ya hablaríamos… pero, ahora y aquí, cabe acometer estas medidas conforme al clásico principio en emergencias que nos exige salvar siempre “a niños –o personas excluidas (del mercado) e inhábiles- y mayores” primero.

* Informe, ante la nonata Subcomisión Parlamentaria que aprobó constituir el Congreso de Diputados, del ‘Observatorio por Renta Básica de ATTAC Madrid.http://www.attac.es/asegurarle-su-minimo-de-ingresos-a-quien-mas-lo-necesita/